La Municipalidad de San Felipe a través de una Declaración Publica anunció la presentación de un recurso de reconsideración ante esta instancia o un recurso jerárquico ante la Contraloría General de la República, por el dictamen del organismo a nivel regional que indica invalidar contrato por $1.532.708.816 con la empresa Citelum.
La declaración de la Municipalidad precisa lo siguiente sobre el dictamen de la Contraloría que ordena invalidar el mencionado contrato con Citelum:
– Que este es un tema netamente administrativo que todavía se encuentra en tramitación, por lo que resulta lamentable para la comuna que se vincule, a nivel nacional, con una investigación criminal.
– El tema de Citelum fue ampliamente revisado por Contraloría en su momento, entidad que señaló que no existe irregularidad alguna.
– El contrato y las bases son de la administración anterior, documento que contenía varios errores, los que debieron ser mejorados por esta gestión alcaldicia.
– Esta administración tomó conocimiento extraoficial del dictamen que señala que la Municipalidad tendría que comenzar un procedimiento de invalidación del decreto que aprobó el Concejo Municipal, el que fue adoptado en el año 2018.
– Sobre la eventual ilegalidad del acuerdo adoptado en junio de ese año, se aclara que la misma Contraloría comunicó, en documento anterior, que era solo necesario cuatro votos y no cinco.
– Esta gestión evalúa la presentación de un recurso de reconsideración ante esta instancia o un recurso jerárquico ante la Contraloría General de la República.
– Esta situación nace de un contrato de mantención de recambio de luminarias celebrado el año 2012, el que debido a su excesivo precio fue modificado y rebajado en un 30% por la actual administración.
– El referido contrato manifestó problemas en su correcto cumplimiento, porque dicho recambio debía acreditar el ahorro energético que significaba el cambio a tecnología led, acreditado el 2017 y parte del 2018, por ende, el municipio se abstuvo de efectuar todo tipo de pago, el que debía realizarse desde el año 2012.
– Dado lo anterior, se produjo una deuda de arrastre y, por tanto, al tratarse de un trabajo ya realizado por la empresa, la municipalidad debía obligatoriamente pagar, en razón a esto, y para dar correcto termino, se realizó un contrato de transacción con la empresa para regularizarlo, lo que en definitiva fue votado por el Concejo Municipal.
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